Francisco Vidal Mazo (Huelva, 1963). Diplomado en Trabajo Social y Experto Universitario en Mediación Social Comunitaria. Inicia su carrera profesional en 1990 como funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, en el que ha ocupado distintos puestos técnicos, ejerciendo la dirección de diversos centros de servicios sociales comunitarios, desempeñando -hasta la toma de posesión como Director General de Servicios Sociales- la dirección del Centro Municipal de Servicios Sociales del Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla.

Durante su trayectoria, ha trabajado impulsando y gestionando proyectos vinculados a los asuntos sociales y el bienestar social en el ámbito municipal. También ha sido secretario del Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de Sevilla desde 2002 a 2004. En el ámbito educativo, destacan sus múltiples colaboraciones en la formación de alumnos en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Sevilla, en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y en el Instituto de Formación Profesional del Polígono Sur (Sevilla) de la Consejería de Educación. Además, ha sido director de equipo de grupos de investigación en diferentes temáticas siempre vinculadas a los servicios sociales en el Ayuntamiento de Sevilla.

¿Cuáles son los principales retos a futuro respecto al desarrollo de la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía?

Son muchos los retos que nos fija la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, pero el principal es el refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales, al ser imprescindible para poder atender mejor a la ciudadanía, para aplicar el modelo de atención integral centrada en la persona, para reducir plazos de resolución de las prestaciones, para eliminar listas de espera, para darle un enfoque más proactivo, comunitario y preventivo, y no solo asistencial. A este refuerzo del sistema va a contribuir notablemente la construcción de la historia social única electrónica, la unificación de los diversos sistemas de información ahora existentes. Por otro lado, ahora que estamos trabajando en la elaboración del Plan estratégico de servicios sociales, que va a recoger las líneas estratégicas prioritarias del Gobierno andaluz que permitirán alcanzar los objetivos de los servicios sociales andaluces durante 5 años desde su aprobación, consideramos que uno de sus ejes va a ser el del “Impulso a la participación social y la colaboración público privada”, especialmente con el tercer sector como aliado estratégico.

Actualmente Andalucía se encuentra en fase previa a la puesta en marcha de los programas de cooperación para la implantación y desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, ¿qué papel ocuparán las entidades del Tercer Sector?

Las entidades del Tercer Sector van a desarrollar un importante papel, complementando las intervenciones de los servicios públicos, de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de los itinerarios individualizados de inserción social y laboral con las personas residentes en estos territorios y otras actuaciones de carácter comunitario. Medidas como trabajar las habilidades prelaborales necesarias que permitan la mejora de la empleabilidad, realizar acciones de intermediación entre las familias y la comunidad educativa que permitan incrementar el éxito académico y reducir el absentismo y el abandono escolar temprano de las personas, apoyo y acompañamiento en la dinamización de comunidades de vecinos y vecinas, potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones, dotar a los padres y madres de herramientas suficientes para mejorar sus habilidades parentales y apoyo al tejido asociativo, entre otros.

Respecto a estos mismos programas, ¿qué efectos se generarán en la población residente en estas zonas?

El efecto deseado es que mejoren su acceso a los distintos sistemas de protección social, a los servicios sociales, al sistema educativo, al sistema sanitario, a los servicios públicos de vivienda y de empleo, incidir especialmente en su inserción en el mercado laboral, en definitiva, contribuir a la mejora de su calidad de vida.

¿Qué medidas se han puesto en marcha recientemente que repercuten en la gestión de las solicitudes de renta mínima de inserción social?

Estamos incrementando el número de concesiones de solicitudes de renta mínima intensificando la formación del personal, reforzando el personal de los servicios sociales comunitarios, que tan importante papel tienen en el acceso a esta prestación como puerta de entrada del Sistema Público de Servicios Sociales, realizando mejoras informáticas para facilitar las consultas y agilizar la gestión, tales como la puesta en marcha de un simulador on line que permite de forma sencilla conocer si se tiene derecho o no a esta prestación. No obstante, tenemos muy claro, tras la evaluación que ha hecho la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión Social de la aplicación de la normativa reguladora de la renta mínima de inserción, que tenemos que modificar la norma, para hacerla menos compleja, hacer más accesible esta prestación a la población a la que va destinada, dotarla de mayor intensidad, sobre todo para que sirva en la lucha contra la pobreza infantil, y dotarnos los órganos gestores del personal necesario así como de los apoyos informáticos precisos.

¿Qué alcance está teniendo en Andalucía la renta mínima de inserción social?

El alcance es escaso teniendo en cuenta las tasas de pobreza en Andalucía, y, sobre todo, de la pobreza infantil. La complejidad del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, unido a la falta de medios personales e informáticos, ha provocado un notable descenso del número de unidades familiares que están percibiendo esta prestación desde que se puso en marcha, comparándolo con el número de unidades familiares que percibían el ingreso mínimo de solidaridad, la prestación que vino a ser derogada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre. Y aunque en 2019 se ha incrementado respecto a 2018 el número de personas perceptoras de esta prestación, aún nos queda un enorme camino por recorrer.

¿Observa avances en la tramitación digital de subvenciones a entidades de iniciativa social?

Es lento el avance, pero estoy convencido que el camino de la digitalización es imparable en las Administraciones Públicas, al igual que en la empresa privada y en todas las esferas de la vida cotidiana. De hecho en 2020 ya están previstos algunos avances como son la integración VEA-SISS (nuestro sistema de información) para la presentación de solicitudes de subvenciones y documentación anexa, lo que va a agilizar la tramitación de los expedientes por el personal funcionario, repercutiendo positivamente en las entidades solicitantes. Por otro lado, se está trabajando para disponer de una plataforma electrónica para la justificación de subvenciones, lo que va a suponer también reducción de cargas burocráticas y mejora de la relación con las entidades de la iniciativa social.